Un juzgado de Alicante ha condenado a la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano a indemnizar a más de un centenar de médicos por la falta de elementos de protección a la que fueron sometidos durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19. Las cantidades que deberán percibir de la Conselleria oscilan desde los 5.000 hasta los 49.000 euros.
Según informan distintos medios, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha dado la razón al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) en un fallo en el que señala que la Consejería tiene “la obligación”, en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de “adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales”.
Cabe señalar que la sentencia, que aún no es firme, estima parcialmente las pretensiones de los demandantes, que alegaban que la Administración incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma declarado por Real Decreto de 14 de marzo, “con grave riesgo para la seguridad y la salud del personal sanitario”.
El fallo añade que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, “por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado”.
Afirma que Sanidad infringió la obligación de tomar medidas “desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de la covid-19”.
Según la sentencia, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los 154 trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios ya que las que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro. “Se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables” y no se les facilitó gorros sanitarios ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas, y a partir del mes de junio de 2020 fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento.
Asimismo, indica que los facultativos sanitarios “tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales”, y por ello establece distintas indemnizaciones. Establece 5.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 euros para cada uno de los trabajadores que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de covid-19; 35.000 euros para cada uno de los trabajadores que se contagiaron, pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los trabajadores contagiados de covid-19 que fueron hospitalizados.
