Según los datos publicados por la Agencia Tributaria los ingresos derivados de actuaciones directas de prevención y lucha contra el fraude fiscal alcanzaron el año pasado 14.490 millones de euros, lo que representa un 1.9% más que en el 2017.
599 millones provenientes de declaraciones fuera de plaza sin requerimiento previo, se añaden a la suma anterior, con lo que se tiene un resultado total de 15.089 millones.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha dicho sentirse satisfecha con los resultados y por la puesta en marcha de una unidad de grandes contribuyentes, que ha permitido la especialización en el seguimiento de grandes empresas que tienen entramados societarios que dificultan conocer su realidad fiscal.
La ministra también señala que “gran parte de los recursos de la Agencia se dedican al fraude más sofisticado en términos de ingeniería fiscal que además permite aflorar cantidades de fraude significativamente superiores”.
Montero ha dejado claro que se dedicarán los recursos necesarios para continuar con la labor hecha en este sentido y que además tiene intención de reforzar la plantilla de la Agencia Tributaria.
De igual forma ha aclarado que “no hay ninguna campaña dirigida a ningún colectivo en concreto”, esto refiriéndose a algunas cuestiones que se han hecho sobre las declaraciones de los autónomos por parte de los Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Por otra parte considera que sería conveniente retomar la ley de lucha contra el fraude fiscal planteada por el Ejecutivo en la anterior legislatura, en la que se contemplaba aspectos relacionados con la prohibición de las amnistías fiscales y la limitación del importe de los pagos en efectivo.
El año pasado la Agencia Tributaria realizó 1,53 millones de actuaciones de comprobación sobre tributos internos y 45.000 actuaciones de investigación de carácter auxiliar. Durante ese mismo año, se intensificaron los procesos de comprobaciones relativos a la economía digital permitiendo regularizar bases imponibles por más de 1.500 millones así como cuotas por más de 400 millones, asegurando también bases para los próximos años por más de 500 millones de euros.
También se realizaron alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras de ventas ocultas, como parte del control para aflorar la economía sumergida. Con estas actuaciones se consiguió regularizar cuotas por 719 millones de euros.
La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional finalizó 98 comprobaciones inspectoras, con los que se lograron ajustes en la base imponible por unos 4.200 millones de euros, lo que representa más del doble que el año anterior. Por otra parte concluyó y estimó 20 acuerdos previos de valoración que dieron lugar al ajuste por más de 2.950 millones de euros.
Al cierre de 2018, la deuda pendiente ascendía a 41.628 millones de euros, un 1,7% menos, aunque una parte importante de la que se encuentra en periodo voluntario no es exigible porque está paralizada por procesos concursales o suspendida en recursos.
2.151 entradas y registros, de las que 1.915 correspondieron a la unidad de auditoría informática y 31.095 actuaciones presenciales, se realizaron durante todo el año.
